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Varapalo del Tribunal Constitucional a Carmen Forcadell


El TC rechazó el recurso de apelación de Carmen Forcadell cuando el Tribunal Constitucional entendió que su acción de promoción y continuidad del ‘proceso constituyente’ no está amparada por la inviolabilidad parlamentaria

El Tribunal Constitucional rechazó el recurso de amparo interpuesto por Carme Forcadell i Lluis contra la sentencia dictada por la Sección Penal de la Corte Suprema de Justicia el 14 de octubre de 2019 que la condenó a once años y seis meses de prisión por la comisión de un delito. delito de sedición.

La sentencia, cuyo ponente fue el juez Ricardo Enríquez, declara que la actuación del actor como presidente del Parlamento de Cataluña, “No cumplir y desconocer persistentemente las sentencias, advertencias y prescripciones de esta Corte” No solo no impidió ni paralizó, sino que también “impulsó la elaboración, el debate y la votación en la Cámara de iniciativas parlamentarias que debieron servir de soporte y dar continuidad, sin pasar por los procedimientos de reforma constitucional, al proyecto de separación política de la Comunidad autónoma de Cataluña del estado español y creación de un estado catalán independiente en forma de república, iniciando el llamado proceso constituyente ”.

El Tribunal subraya que la acción de amparo parlamentaria del demandante, de carácter instrumental respecto a las decisiones adoptadas por el Parlamento de Cataluña, ha favorecido que éste se encuentre en “una posición de alienación del orden constitucional, actuando como un mero poder de abogado, absolutamente ilícito y, por tanto, renunciando expresamente al ejercicio de sus funciones constitucionales y estatutarias. El ejercicio legítimo de estas funciones es un requisito previo para la protección que brinda la inviolabilidad parlamentaria a los miembros de la Cámara “.

Por este motivo, los actos de Carme Forcadell, “que sirvieron de apoyo a las decisiones adoptadas por la Cámara, no están protegidos de la inviolabilidad parlamentaria por diferir claramente del objeto de la prerrogativa”.

En este sentido, la sentencia insiste en que el repudio expreso por parte del Parlament de Catalunya del carácter vinculante de la Constitución y del Estatuto de autonomía que debería regular su funcionamiento “ha privado a las medidas y actos así adoptados de toda presunción de legitimidad”. y de quienes han promovido, elaborado y aprobado la posibilidad de invocar las competencias y prerrogativas vinculadas al ejercicio de la función parlamentaria ”.

También se excluye que la configuración jurídica del delito de sedición adolezca de una falta de exhaustividad, que la interpretación que ha hecho la Sección Penal del Tribunal Supremo de la tipología penal afecte el derecho fundamental a la legalidad (artículo 25 CE), tal como afirmó la Corte Constitucional en las SSTC 91/2021, 106/2021 y 121/2021, donde se aprecia que el delito de sedición conforme al art. 544 del Código Penal adolece de un grado de vaguedad que socava la garantía de exhaustividad.

En cuanto a la denuncia relativa a la falta de proporcionalidad de la pena impuesta al demandante por un delito de sedición, el Tribunal alega que La sanción penal no es desproporcionada ni disuasoria con respecto al ejercicio de los derechos fundamentales, en particular, las libertades de reunión y manifestación.. En efecto, no se advierte que la ley penal en cuestión implica un desequilibrio manifiesto, excesivo o irrazonable entre la devaluación de la conducta delictiva y las penas conexas, por lo que la sanción produce “un evidente derroche de coacción inútil que hace al ley arbitraria y que atenta contra los principios elementales de justicia inherentes a la dignidad de la persona y el estado de derecho ”, ni que desaliente el ejercicio de los derechos fundamentales.

También se rechazó la denuncia relativa a la individualización de la pena impuesta. La sentencia afirma que la Corte Suprema actuó de manera razonada y con criterio legal, tomando en cuenta la gravedad y relevancia de la conducta perseguida.

La Corte concluye señalando, como ya se hizo en la STC 122/2021, que las acciones judiciales en cuestión no infringieron las garantías del debido proceso: el derecho a un juez predeterminado por la ley e imparcial y el principio de igualdad de armas, así como derechos a la libertad ideológica, de expresión, reunión y representación política en relación con el derecho a la legalidad punitiva y el principio de proporcionalidad.

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