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Las denuncias del presidente del Gobierno y ministro de Defensa del software Pegasus abren una investigación judicial por un delito de descubrimiento y revelación de secretos

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Él audiencia nacional inicia un procedimiento de investigación por un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos tras haber denunciado el contagio con el software Pegasus de los móviles del presidente del Gobierno y del ministro de Defensa

Traslado al Ministerio Fiscal para el informe sobre el ejercicio de la diligencia investigativa que estime conveniente

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado iniciar un procedimiento de investigación por un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos tras la denuncia del Ministerio Fiscal por la infección con la herramienta Pegasus de los móviles del Presidente de la Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Él El juez puso en conocimiento del Ministerio Público para que informe sobre la realización de los actos de investigación que estime oportunos para conocer la naturaleza y circunstancias de los hechos. objeto de la denuncia, así como de las personas que participaron en ella.

En su auto, el magistrado explica que los hechos que se desprenden de la querella del Ministerio Público podrían encuadrarse dentro de los delitos que el código penal tipifica como descubrimiento y revelación de secretos, los cuales se encuentran recogidos en el título X del libro II, refiriéndose a los “delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio.” Les recordamos que estos derechos salvaguardan un espacio de intimidad personal y familiar sustraído de injerencias externas, destacando la necesaria protección frente al creciente desarrollo de los medios y los procedimientos para captarla, revelarla y difundirla y los datos y circunstancias que atañen a la privacidad.

El juez entiende que los hechos denunciados serían competencia de la Audiencia Nacional tal y como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial en la medida en que afecten a altos órganos de la nación, como el Presidente del Gobierno y el Ministro de Defensa. Según Calama, aparece “claramente clara” la competencia del tribunal nacional para instruir el proceso penal encaminado a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que participaron en él y el órgano competente para la persecución penal.

En su resolución, el juez también procede a tener como persona y parte en el proceso al Ministerio Fiscal.

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