LA “OKUPACIÓN” INMOBILIARIA: ORIGEN DE MÚLTIPLES DELITOS

La actividad de ocupar edificios, principalmente públicos o abandonados, que habían perdido su utilidad original, surgió a finales de los años 60 en Reino Unido, con el movimiento squatters, para luego extenderse por Alemania, Holanda, y en menor medida y más tardíamente en Francia, Italia y España, durante las décadas de los años ’70 y ’80.

Este fenómeno estaba ligado a movimientos contraculturales juveniles y de círculos contestatarios universitarios, para visibilizar la falta de espacios dedicados a actividades culturales y sociales, con un fuerte carácter político y de radicalismo anticapitalista, a la vez que justificaban su defensa de la “okupación” en las dificultades de los jóvenes y las clases desfavorecidas para acceder a una vivienda.

Sin embargo, desde los años ’90, la situación fue evolucionando hacía unos nuevos objetivos, entre los que se encontraban apropiarse de viviendas nuevas construidas por las Administraciones públicas en programas sociales, y que en numerosas ocasiones, antes de que se adjudicaran y se entregaran las llaves a sus legítimos beneficiarios, los “okupas” se adueñaban y se posesionaban de los inmuebles y cuando se podía recuperar la edificación, los destrozos eran muy considerables en las instalaciones de suministros y equipaciones de las edificaciones.

No obstante, hasta el Código Penal de 1995 esta conducta era irrelevante como ilícito penal, teniendo tan sólo relevancia en únicamente en el ámbito civil.

Es a partir de la crisis económica de 2008, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, y el abandono por parte de las constructoras quebradas, de cientos de promociones de viviendas ya terminadas o con falta de algunos remates, pero plenamente utilizables cuando comienza una oleada de “okupaciones” de bloques y urbanizaciones enteras, ya que sus propietarios, las promotoras, habían quebrado y abandonado los inmuebles, de los que se hicieron cargo las entidades financieras que habían concedido los créditos hipotecarios a la construcción.

Para agrupar ese inmenso parque de viviendas, se constituyó la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida por sus siglas SAREB, que se la denominó en los medios de comunicación “el banco malo”, para indicar que ahí se habían agrupado todos los activos inmobiliarios de las entidades bancarias, y que estaban formados por las promociones de las constructoras quebradas más todas las viviendas procedentes de desahucios por impagos hipotecarios, ya que debido a la crisis económica sus compradores no pudieron hacer frente a la deuda de la hipoteca, y tuvieron que devolver los inmuebles adquiridos.

Y es entonces, cuando el fenómeno de la “okupación” se dispara, pues muy pronto grupos de crimen organizado se percatan que tienen un filón económico en esa multitud de viviendas, sin propietario físico, sino una entidad bancaria que por el momento no va a explotar esas viviendas, y que como mucho las sacará a subasta a medio o largo plazo, y para entonces esos grupos de criminalidad organizada ya habrán sacado rendimiento económico a la “okupación” promovida por ellos.

Por otra parte, la llegada a instituciones como ayuntamientos y diputaciones de activistas pro okupas y que, hasta su llegada a cargos públicos, eran claros defensores de la okupación como actividad antisistema, produce un clima de indefensión en los ciudadanos y una actitud oficial de legitimación de la actividad “okupa”, apoyada por las instituciones, y so pretexto de realizar una especie de justicia social, que en realidad dista mucho de las verdaderas motivaciones del fenómeno actual, cuyo principal objetivo es obtener un lucro máximo aprovechando situaciones de vulnerabilidad extrema.

Sin embargo, la situación se ha agravado hasta tal extremo que, una vez comprobada la conexión de las okupaciones con actividades delictivas como el narcotráfico, la proliferación de actos incívicos y delictivos, amenazas y extorsiones a vecinos entre otras, e incluso su conexión con actividades terroristas, la Fiscal General del Estado, ha emitido la Instrucción nº 1/2020, de 15 de septiembre, “sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles” con el objetivo de poder tomar la medida cautelar inmediata de “desalojo de los ilícitos ocupantes y la restitución del inmueble a sus poseedores en los delitos de allanamiento de morada y usurpación….”

Además en esta misma Instrucción nº 1/2020 de la FGE, se deja claro que se conoce la existencia de vínculos de la actividad okupa con el crimen organizado, al afirmar:

“A las anteriores infracciones (allanamiento de morada y usurpación de inmuebles) se añade últimamente la apuntada detección de colectivos organizados que inciden en estas conductas, convertidos en ilícitas y muy lucrativas empresas inmobiliarias de lo ajeno. El Código Penal sanciona con dureza estos comportamientos a través de los tipos penales de organización y grupo criminal, susceptibles de concurrir con los delitos mencionados en primer término. Las anteriores infracciones son pues, merecedoras de una minuciosa investigación tanto policial como judicial, …”

Así pues, es posible que si los Poderes Públicos toman conciencia de lo grave del problema, y las alarmantes situaciones de alteración del orden público y la generación de los múltiples delitos de surgen alrededor de la actividad “okupa”, y actúan con firmeza frente a conductas tan alterantes de la convivencia, es posible que el fin del fenómeno esté próximo…