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¿Es legal grabar y difundir imágenes o vídeos de la Policía y la Guardia Civil?

Foto: Albert GARCÍA


Ley Orgánica de Protección a la Seguridad Ciudadana (LOPSC), conocida popularmente como la “Ley Mordaza”, ha ido acompañada de numerosos cambios respecto a la cuestión planteada, en particular, calificada como delito grave en su artículo 36.23:

El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, estructuras protegidas o poner en peligro el éxito de una operación, en cumplimiento del derecho fundamental a la información.

Consultar la Ley Orgánica de Protección y Seguridad del Ciudadano

Si se toma literalmente el precepto anterior, se entiende que no es posible el registro de la Policía ya que este acto está sancionado, habiendo intentado el legislador hacer más seguro el trabajo de la Policía.

Posteriormente, con el cambio de gobierno en 2018, la Instrucción 13/2018, de 17 de octubre, de la Secretaría de Estado de Seguridad, aportando matices para lograr una interpretación más uniforme del uso no autorizado de imágenes de agentes.

Precisamente, En su Instrucción Cuarta, se aclara que la mera recuperación o tratamiento de datos por parte de agentes policiales no es en sí constitutiva de delito si no supone una situación de riesgo real, tanto para los agentes como para sus familias, para las estructuras o para operaciones policiales.

Ver Instrucción 13/2018

Por tanto, es condición necesaria para constituir un delito grave que el uso de imágenes pueda desencadenar una situación de peligro, debiendo la Policía denunciar este punto en el informe o denuncia correspondiente, de forma razonada..

La Instrucción anterior dio lugar a la formulación de un recurso contencioso-administrativo por parte del Sindicato Policial, resuelto con la Sentencia de la Audiencia Nacional 4890/2019.

La Sala ordenó el rechazo del recurso presentado por la Jefatura de Policía, pero señaló que se puede sancionar el posterior uso o difusión de las imágenes de manera irregular., indicando en su Sexta Ley Fundamental:

El posterior uso irregular de datos puede ser sancionado por normas distintas a la Ley de Seguridad Ciudadana (Derecho al honor y a la propia imagen; protección de datos personales; materias clasificadas) o penalmente, como la propia Instrucción indica: «Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de identificar al autor de las imágenes, para proceder, en su caso, al ejercicio de las acciones oportunas para proteger los derechos de los actores. , o su sanción administrativa o penal si se realiza un posterior uso irregular de los datos o imágenes en el sentido anteriormente indicado»».

Ver sentencia de la Audiencia Nacional 4890/2019.

Una cuestión diferente es que, debido al tratamiento de los datos personales de los agentes, se puede imponer otro tipo de sanción administrativa por parte del Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Así, en su Resolución 778/2018, AEPD procedió a una sanción total de 2.000 €.- a una persona que filmó y posteriormente difundió, a través de la aplicación “WhatsApp”, un vídeo que mostraba una actuación policial ante una agresión por violencia de género, en vía pública, violando la consentimiento del apoderado, establecido en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPD) y, por tanto, constituye una infracción grave del artículo 44, apartado 3, letra b) de la misma Ley (actual artículo 72, apartado 1). , letra b) de la Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos de carácter personal).

Consultar la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos

La vigente Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos de Carácter Personal
En la citada Resolución se establece que “lLa mera adquisición de imágenes de personas o su difusión a través de WhatsApp puede considerarse un tratamiento de datos personales en el ámbito de la citada ley, debiendo ser analizado en todo caso si dicho tratamiento se realiza sobre información relativa a personas físicas identificadas o identificables.. “

También se ha establecido que si las imágenes captadas o grabadas por los individuos no se relacionan con su ámbito más íntimo, es decir, si no ocurren en el contexto de la vida familiar o si un funcionario es filmado en el desempeño de sus funciones, aplicarán la normativa en materia de protección de datos personales, tanto para la obtención de la imagen como, más aún, cuando dichos datos acaben siendo difundidos de forma que sean accesibles a varias personas.

Ver Resolución 778/2018 de la AEPD

En virtud, por tanto, de la legislación analizada y la jurisprudencia más reciente, Se puede concluir que efectivamente es posible que se puedan tomar imágenes o videos policiales, por lo que no siempre constituyen una vulneración de la seguridad ciudadana.

Por supuesto Cuando la adquisición de imágenes determine una situación de peligro, la conducta será sancionada adaptándose, inequívocamente, a la tipología del artículo 36.23 de la LOPSC, calificado como delito grave..

Por fin, Otro tema muy diferente es la difusión de imágenes a través de las redes sociales, por lo que, entre la multitud de canales que enumera la Sentencia de la Audiencia Nacional sobre los posibles procedimientos para proteger los derechos de las Fuerzas Policiales, el arma real con la que los agentes contar tratando de salvaguardar su imagen y privacidad es la AEPD y su capacidad para sancionar este tipo de conductas.

Texto original: http://amparolegal.com/blog/

Despacho de abogados de Javie Yagüe

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