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El Tribunal Supremo acoge el recurso de inconstitucionalidad contra el Código de Conducta de la Guardia Civil

María Gámez, directora de la Guardia Civil, con la ministra del Interior, Grande-Marlaska

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El Tribunal Supremo admite a trámite el recurso de casación de la Orden mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil contra el real decreto promovido por el Ministerio del Interior que desde marzo intenta imponer la acción que debe regular “en cualquier momento” para los colegiados del cuerpo.
JUCIL considera que este Código también está en contradicción con otras normas de rango superior, como la Ley Orgánica que regula los derechos y deberes de los guardias civiles y su aplicación dificultaría la actividad asociativa de los miembros de dicho cuerpo.

El Tribunal Supremo acogió el examen del recurso contencioso-administrativo propuesto por el colegio profesional Justicia para la Guardia Civil (CORTE) contra el Real Decreto 176/2022, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Código de Conducta del personal de la Guardia Civil.

“Presupone una invasión de la intimidad de los miembros de la Guardia Civil, ya que señala obligaciones que, de aplicarse, afectarían a la vida personal de los guardias civiles. El contenido de este reglamento puede perjudicar la actividad de los colegios profesionales que, como JUCIL, operen a favor de los derechos laborales y sociales de los guardias civiles, lo que estaría en contradicción con las leyes orgánicas que determinan los derechos y obligaciones de los colegiados. la Guardia Civil, explica el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño.

El recurso considera que algunos contenidos del real decreto son inconstitucionales en el sentido de que “No se trata únicamente de un conjunto de principios que debe regir el comportamiento ético de los miembros de la Guardia Civil como reza el preámbulo, sino que puede convertirse en una herramienta de evaluación e interpretación de determinados comportamientos de cara a la aplicación de las sanciones que se encuentran en el catálogo del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil; e integrar los principios del mismo en las conductas que se pretendan sancionar” JUCIL alega considerar innecesario el documento. “Los asuntos que trata ya están recogidos en normas legales, incluso del más alto rango”, precisa el recurso.

Más allá del desempeño profesional

Aclaran desde esta asociación que aunque el Código Ético se ha presentado como un simple conjunto de principios y normas de conducta de la Guardia Civil “el contenido no se limita a regular la actividad profesional de los miembros de la Guardia Civil, sino que pasa a ser de obligado cumplimiento”. para algunas áreas de la vida privada de los integrantes de la Entidad”.

Y por ejemplo, informa parte del texto del preámbulo del real decreto donde se indica que “Quienes por vocación deciden servir como guardia civil presuponen, en gran medida, que aceptan guiarse por pautas de comportamiento que, como la disponibilidad permanente o el deber de confidencialidad, por citar algunos ejemplos, van más allá del estricto momento de prestación del servicio se extienda a otros contextos y situaciones”. Y en el artículo 2.1 se especifica que “El Código de Conducta del personal de la Guardia Civil es la guía que define los valores, principios y normas de conducta que deben regir en todo momento el trabajo de los miembros del Cuerpo”. “Es ahí, en ese ‘en cada momento’ que se excede lo que debe ser nuestro desempeño profesional para inmiscuirse en la vida privada de los guardias civiles” precisó Vilariño. “Me pregunto si ese ‘siempre’ lo deben aplicar los guardias civiles para comprar un vestido de primera comunión para nuestra hija, para ser socia de una chirigota en Cádiz o qué tipo de pintalabios debe comprar una acompañante”agregó el secretario general de JUCIL.

JUCIL entiende esto mejor ‘siempre’ es una expresión que Choca con la Constitución Española, y con el contenido del artículo 5 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, por la que se regulan los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, cuando establece en su apartado 1: ‘La a los miembros de la Guardia Civil se les garantiza el derecho a la intimidad… en los términos establecidos por la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico”, agregan.

Un ataque a la libertad de asociación y la libertad de expresión

La norma aprobada a instancias del Ministerio del Interior, que preside Fernando Grande-Marlaska Gómez, menoscabaría la actividad de los colegios profesionales representantes de los guardias civiles en órganos como el Consejo de la Guardia Civil y que, como en el caso de JUCIL , defienden principios como la igualdad salarial de los agentes con las policías autonómicas y la preocupación por los derechos laborales y sociales de los miembros del Cuerpo. Para las órdenes profesionales, el Código impone la condición de ser “Respeto total a todas las opciones ideológicas y políticas, manteniendo la neutralidad en esta materia, alejada del discurso político y del debate partidista”, de modo que según JUCIL; si el contenido se aplica en sentido estricto “puede suponer un atentado a la libertad de asociación, a la defensa de los intereses sociales y profesionales de los asociados, a la libertad de expresión. Confundir neutralidad política con crítica política.

Nuevo intento de imponer obediencia ciega a las órdenes al forajido

El colegio profesional informa como uno de los artículos así lo indica “La disciplina, factor de cohesión que obliga a mandar con responsabilidad ya obedecer lo mandado, será practicada y exigida como norma de actuación. Tiene su expresión colectiva en la observancia de la Constitución y su manifestación individual en el cumplimiento de las órdenes recibidas”.

Para JUCIL, la expresión “Cumplimiento de órdenes recibidas”, significaría un retorno al principio de la obediencia ciega, “Algo prohibido por nuestra legislación; pero aquí hay que decir que hay un principio de técnica legislativa incorrecta porque el artículo siguiente, el artículo 16, establece que sólo existe la obligación de obedecer las órdenes legítimas, por lo que debe integrarse el artículo 15 con la expresión “órdenes legítimas recibidas”.pelean “En JUCIL siempre nos opondremos a cualquier legislación que limite los derechos individuales de los miembros de la Guardia Civil en actividades personales ajenas a nuestro alto cargo y a todas aquellas iniciativas legislativas que supongan una paralización de los derechos y libertades conseguidas en el tiempo. a lo largo de los años, invadiendo la vida personal de los miembros de la Guardia Civil e imponiendo obligaciones más allá de nuestras funciones” Ernesto Vilariño afirmó. “Respetamos y defendemos los valores de nuestro Meritorio Instituto forjados a lo largo de nuestra historia, de los que nos enorgullecemos y que marcan y definen nuestro actuar; pero con el máximo respeto a la libertad y confidencialidad de cada uno de sus integrantes” El Secretario General de JUCIL concluyó.

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