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El etarra ‘Gadafi’ absuelto del asesinato de un guardia civil en aplicación de la reciente doctrina sobre la incomunicación y la prórroga

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La Audiencia Nacional absuelve al etarra “Gadafi” del asesinato de un guardia civil en enero de 1991 en Bilbao en aplicación de la reciente doctrina del TEDH

Los jueces consideran que “las diligencias no contienen información suficiente sobre las condiciones en que se realizaron los sumarios de las declaraciones, ni sobre el sistema de garantías que las acompañó”.

La Audiencia Nacional absolvió al etarra Juan Carlos IC, ‘Gadafi’, del asesinato de un guardia civil en enero de 1991 en Bilbao en aplicación de la reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso Atristain Gorosabel v. España sobre declaraciones rendidas en detención prolongada y en detención en régimen de incomunicación.

En una sentencia, los jueces de la Sala Segunda recuerdan que la jurisprudencia del TEDH en el caso Atistrain concluyó que el derecho de acceso a un abogado de libre elección fue limitado durante la instrucción preliminar, sin aportar razones suficientes y pertinentes para esta restricción. , que no se basó en una valoración individual de las circunstancias particulares del caso, sino en un razonamiento general y porque así lo exigía la ley.

En resumen, explica la Corte, el TEDH establece que para decretar si existe una violación de los artículos 6.1 y 6.3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, es necesario examinar si concurrieron o no razones de peso que justificaron la restricción de la derecho de acceso a un abogado y luego examina la imparcialidad general del procedimiento.

La proyección de esta doctrina al caso de Juan Carlos IC, indica la resolución, lleva a los jueces a creer que “el proceso no contiene información suficiente sobre las condiciones en que se realizaron las declaraciones sumarias, ni sobre el régimen de garantías que los persona acompañada existe prueba suficiente de que fueron recluidos en régimen de aislamiento, tanto por la policía como por los tribunales, pero no existen resoluciones judiciales ni referencias suficientes a la motivación legal contenida en las órdenes de prórroga del régimen de aislamiento”.

“Lo mismo puede decirse no sólo respecto de la ausencia de estas órdenes de aislamiento, sino que tampoco existen referencias en el procedimiento a otros aspectos esenciales para poder apreciar las condiciones en que se emitieron las declaraciones, nos referimos sobre todo a las historias clínicas científicas, que, salvo algunas muy puntuales, no quedan reflejadas en el resumen”, apunta.

Por tanto, subraya el tribunal, “no se acredita, por tanto, el motivo, en interés de la justicia, por el que los detenidos permanecieron incomunicados durante el citado interrogatorio judicial, sin posibilidad de ser defendidos por sus abogados de confianza, designados por ellos. , y sin poder comunicarse con ellos, ni antes ni durante ni después del interrogatorio, lo que de hecho introduciría la declaratoria judicial en el mismo contexto de continua privación de derechos que se inició con la detención policial, persistiendo la situación de vulnerabilidad de los detenidos , en el que se había producido el atestado policial, cuyos detenidos fueron consultados, comprometiendo la dimensión judicial del hecho”.

En definitiva, prosigue, se estima que de la declaración de los testigos que comparecieron en el juicio sólo puede utilizarse la declaración hecha en dicho acta sin poder revocarla ni completarla con ningún otro sumario preliminar, “ya ​​que no han obtenido, a nuestro juicio, con garantías suficientes, la misma libertad en su elaboración, así como de autenticidad y veracidad en cuanto a su contenido”.

Sin embargo, “también debemos decir que, aunque no fuera así, la prestación probatoria de las declaraciones de los testigos analizados vistas en su totalidad, es decir, integradas con los resúmenes anteriores ahora excluidos, es muy limitada y aporta muy poco información probatoria útil y son evidentemente insuficientes para los fines que persigue la acusación”, concluye la Corte.

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