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Develemos la frase del ‘Procés’


La Corte Suprema dictó sentencias de entre 9 y 13 años de prisión a los nueve líderes independentistas condenados por sedición en el juicio.

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras se arriesga a la máxima condena, 13 años, por un delito de sedición en concurso mediático con malversación (cuando un delito es un medio necesario para cometer otro). De los otros ocho imputados en prisión preventiva, tres ex concejales (Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa) fueron condenados a 12 años de prisión por sedición y malversación de fondos; los otros dos (Josep Rull y Joaquim Forn) fueron absueltos del delito de malversación y el tribunal impuso 10 años y medio de prisión.

La ex presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, fue condenada a 11 años y medio por un delito de sedición. Por este mismo delito se impuso una condena de nueve años a los dirigentes de la ANC y del mnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Los únicos tres imputados que afrontaron el juicio en libertad (los ex concejales Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs) fueron condenados a un año y ocho meses de interdicción especial y diez meses de multa con una tarifa diaria de 200 euros. Los tres fueron absueltos de la malversación de fondos públicos.

El Tribunal Supremo considera que en el otoño de 2017 se registraron “episodios de violencia indiscutibles” en Cataluña, pero cree que no son suficientes para condenar a los líderes independentistas por rebelión. “La violencia debe ser una violencia instrumental, funcional, directamente preordenada, sin trámites intermedios, con las finalidades que favorecen la acción de los rebeldes”, afirma el tribunal, que cree que los altercados que se produjeron en Cataluña no fueron suficientes “para imponer de forma efectiva independencia y derogación de la Constitución “.

“En otras palabras, es violencia para lograr la secesión, no violencia para crear un clima o escenario en el que futuras negociaciones se vuelvan más viables”, dijo el tribunal.

Como prueba de que la violencia no era parte estructural del plan, los magistrados recuerdan que “bastaba una decisión del Tribunal Constitucional” para no aplicar las leyes violatorias aprobadas por el Parlamento y “la mera exhibición de unas cuantas páginas del Boletín Oficial del Estado Bastaba “que publicara la aplicación del artículo 155 de la Constitución para que algunos de los imputados huyeran y los que se quedaran en España” renunciaran incondicionalmente a la aventura que habían emprendido “.

El juzgado que preside Manuel Marchena ha adquirido la calificación jurídica que ha llevado a juicio la Fiscalía del Estado, la sedición, en el entendido de que los dirigentes del proceso no han instigado actos de violencia en el marco de su plan secesionista, al tiempo que movilizaron a la ciudadanos “en levantamiento público y tumultuoso” para impedir la aplicación de las leyes y obstaculizar el cumplimiento de las decisiones judiciales.

El delito de sedición se impone a los nueve imputados que se encuentran en prisión preventiva y que la Fiscalía ha considerado líderes de la rebelión. La decisión de la Corte Suprema de no condenarlos por este delito implica una reducción significativa de la pena en relación a lo solicitado por el Ministerio Público. En el caso de Junqueras, la reducción es casi la mitad (de 25 a 13). Incluso los dirigentes del ANC y Òmnium, a los que la Fiscalía considera “promotores” de la rebelión, han visto reducida su condena en 8 años (de 17 a 9).

La sentencia absuelve a Rull, Forn, Vila, Mundó y Borras del delito de malversación, que reduce la pena de prisión de los dos primeros y libera a los tres de la prisión en libertad condicional. Es cierto, según el tribunal, que todos firmaron un acuerdo de gobierno para apoyar de manera conjunta los gastos promovidos por el referéndum. Pero no se ha probado que hubieran puesto la estructura de los departamentos que encabezaban al servicio de los gastos concretos para la celebración del referéndum ilegal.

La sentencia pone fin a dos años de proceso judicial que se inició el 16 de octubre de 2017 con el encarcelamiento de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y del Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Dos semanas después, la Fiscalía General del Estado presentó una denuncia contra todo el gobierno de Carles Puigdemont y los miembros del Consejo Parlamentario que habían permitido la votación de la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre. El entonces presidente y cinco exasesores huyeron de España y la Audiencia Nacional encarceló a Junqueras y a otros seis miembros del gobierno.

El Tribunal Supremo acabó llevándose el caso y el pasado febrero sentó en el banquillo a 12 líderes independentistas, nueve de ellos en prisión preventiva: Junqueras, Sànchez, Cuixart, los exconsejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull. y la ex presidenta del Parlamento Carme Forcadell. Todos los días eran trasladados al Tribunal Supremo desde las cárceles de Soto del Real (los hombres) y Alcalá Meco (las mujeres) y regresaban a sus celdas al final de la jornada.

La cámara pidió una decisión unánime, sin votos individuales que pudieran abrir la puerta a cuestionar la decisión mayoritaria. Las sentencias del Tribunal Supremo son firmes, pero las defensas de los imputados ya han anunciado que agotarán las dos únicas vías posibles de revisión de la decisión: el recurso ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales y el recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia. Derechos. Humanos (ECHR), con sede en Estrasburgo.

Autor: Antonio Abarca

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