Crisis Del Modelo Policial Español en la Función de Policía Judicial

Una de las funciones básicas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es la de investigar los delitos cometidos, para llevar a sus autores ante la Justicia, con el objetivo de que se cumpla la función de prevención especial que tienen las normas penales, en cuanto a la aplicación de las consecuencias jurídicas por los delitos cometidos a los que sean responsables de los mismos: esta es la función de Policía Judicial

Durante el proceso de redacción del texto constitucional, hubo dos posiciones en cuanto a la realización de la misión de Policía Judicial, por parte de la Ponencia encargada de redactar el articulado de la Carta Magna, ambas enmarcadas en el Título dedicado al Poder Judicial:

A. Crear un Cuerpo Independiente de Policía Judicial, que dependiera en exclusiva de los miembros del Poder Judicial, en sus funciones de investigación y averiguación de los delitos.

B. Utilizar a los Cuerpos de Seguridad del Estado existentes, creando en su seno Unidades Especializadas en la investigación y averiguación de los delitos.

Finalmente, como es conocido, triunfó la opción B, en base a razones de orden económico y de organización, ya que desde siempre habían existido las llamadas Brigadas de Investigación Criminal, insertas en un Cuerpo que tenía esa función casi en exclusiva y que era el Cuerpo General de Policía, después llamado Cuerpo Superior de Policía, hasta su unificación, ya en el año 1986, con el Cuerpo de Policía Nacional (uniformado) para dar lugar al actual Cuerpo Nacional de Policía.

Sin embargo, cuando se redacto y aprobó la Constitución, eran el Cuerpo General de Policía, junto a las Unidades de Investigación de la Guardia Civil, los que se venían encargando de las tareas de investigación y persecución de los delitos y sus autores, por lo cual, el constituyente, tal vez llevado por la inercia de lo establecido y hondamente arraigado, tal vez por evitar una ruptura total con el sistema vigente hasta entonces, y que podría haber generado una respuesta adversa de los Cuerpos de Seguridad hasta entonces encargados de esa misión, en un momento complicado y de inestabilidad institucional y jurídica, que podría añadir más incertidumbres al proceso de Transición, se decidió configurar a la Policía Judicial como establece el artículo 126 de la Constitución:

La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la Ley establezca.”

Y cuando por fin se desarrolló el artículo 104.2 de la Constitución, mediante la L.O. 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su articulado se determinó como una función de los Cuerpos de Seguridad del Estado: “Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del juez o tribunal competente y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes.” (Art. 11 L.O. 2/1986), lo cual es la definición material de la función de Policía Judicial.

Además la L.O. 2/1986, entra a regular la función de Policía Judicial, en el sentido que le da el art. 126 de la Constitución, es decir desarrolla dicho precepto, si bien lo hace desde la matización de tener que admitir la colaboración de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales.

Así en el Preámbulo de la citada L.O.2/ 1986, se afirma:

Por lo que se refiere a las funciones propias de información y de Policía Judicial, la atribución es objeto de la adecuada matización. Porque la formulación del artículo 126 de la Constitución concibe la Policía Judicial estrechamente conectada con el Poder Judicial, que es el único en toda España y la Constitución insiste en ello, poniendo de relieve la idea de unidad jurisdiccional (artículo 117.5) disponiendo su Gobierno por un órgano único, el Consejo General Poder Judicial (artículo 122.2), estableciendo que los jueces y magistrados se integren en un cuerpo único (artículo 122.1) y atribuyendo al Estado competencias plenas en materia de Administración de Justicia (artículo 149.1.5.). Pero no se pueden desconocer las exigencias de la realidad y los precedentes legislativos, constituidos, sobre todo, por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obligan a admitir la colaboración de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, en el ejercicio de la indicada función de Policía Judicial.”

Con todo ello el texto precedente trata de aclarar es que, si bien en el articulado de esa norma se afirma de forma taxativa que: “Las funciones de policía judicial que se mencionan en el artículo 126 de la Constitución serán ejercidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través de las unidades que se regulan en el presente Capítulo.” (art. 29.1 L.O.2/1986), inmediatamente abre la posibilidad de la colaboración, en esa función, de los Cuerpos de Policía autonómicos y locales, si bien en todo el articulado se insiste en que será en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, donde se organizarán las Unidades Orgánicas de Policía Judicial, las cuales tendrán el carácter de Policía Judicial de forma permanente, por lo que esta función sólo puede realizarse por estas Unidades especializadas, admitiéndose la actividad de los demás Cuerpos de Seguridad como colaboradores. (8)

Ahora bien, cuando la citada L.O. 2/1986 vino a regular la función de Policía Judicial, estaba ya actuando con tal carácter de forma plena la Ertzaintza, amparada en el Estatuto de Autonomía del País Vasco aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, que en su art. 17 “…el régimen de la Policía Autónoma para la protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público dentro del territorio autónomo…” y respecto a la policía judicial dice: “La Policía Judicial y Cuerpos que actúen en estas funciones se organizarán….”, es decir, que la L.O. 2/1986 otorgaba a las policías autónomas una función de colaboradoras cuando ya existía un Cuerpo que estaba realizando funciones de Policía Judicial con Unidades de Investigación orgánicamente constituidas.

Así las cosas, cabían dos posibilidades:

A/ Reconducir la situación a la nueva regulación establecida por la L.O. 2/1986, ordenando la disolución de las Unidades de Investigación creadas en la Ertzaintza, y admitiendo sólo su colaboración pero en ningún caso el ejercicio propio de la función.

B/ Inaplicar la L.O. 2/1986 a la Ertzaintza, admitiendo que la función de Policía Judicial podía ser ejercida sin restricción en aplicación del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

Finalmente se optó por la segunda postura, más por motivos de oportunidad política que por aplicación de criterios jurídicos y legales, a los que luego se hará referencia.